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La creciente frustración ciudadana en Cuba se ha convertido en un tema político inevitable: muchos residentes denuncian que la policía responde con rapidez cuando se trata de proteger a funcionarios o instalaciones estatales, pero ignora los llamados de emergencia de la población común. Ante esta ausencia, los ciudadanos sienten que deben enfrentar solos los actos vandálicos que afectan sus barrios, asumiendo responsabilidades que corresponden al Estado. Esta situación ha generado un clima de desconfianza institucional y un debate urgente sobre el papel real de las autoridades en la seguridad pública.
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